Llega el primer año del gobierno aprista y, con él, una serie de conflictos sociales cuya procedencia se encuentra en la política económica continuista, la violenta represión dirigida a las masas protestantes, así como el uso altanero de cualquier recurso (mentiras, desinformación, cortinas de humo, etc.) para que un partido y un gobierno se impongan como fuerza hegemónica en el control nacional. El APRA representa los intereses de los grandes grupos económicos los cuales serán los únicos beneficiarios del “TLC Sí o Sí”; representa también un aliado estratégico del imperialismo yanqui en sudamérica, en contraposición a la avanzada antiimperialista que impulsan gobiernos como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador; por último, representa de igual forma la impunidad, siendo el presidente García no solo responsable de asesinatos y desapariciones forzadas durante su primer gobierno (1985-1990), además su gobierno encarna la alianza política que mantiene impune a Alberto Fujimori y su camarilla que permanece libre, responsables de crímenes de lesa humanidad y desfalco de los fondos del Estado peruano durante los años 1990-2000.
El 11 de julio se realizó una importante jornada de lucha con la intención de exigir el cambio de curso de las políticas de gobierno. Alrededor de 50 000 personas se reunieron para hacer frente a un realidad que se polariza cada vez más y que necesita hombres y mujeres que alcen la voz. Entre las delegaciones que conformaban la masiva marcha se podía ver a la CGTP, Construcción Civil, el SUTEP, estudiantes universitarios, organizaciones de y movimientos sociales, así como diversas agrupaciones políticas. Pero aquel día marcado por la efervescente protesta popular, tuvo su revés con una noticia que circulaba entre las distintas delegaciones de la movilización: La extradición de Alberto Fujimori era rechazada por decisión del juez chileno Orlando Álvarez.
Esta noticia ratificaba, de forma vergonzosa, algo que se conocía desde un principio: que la extradición del prófugo no da tregua; que las recomendaciones favorables a la extradición dictadas por la fiscal Mónica Maldonado era solamente una etapa en este proceso. Las jornadas que nos exigen presencia y acción contra la impunidad se encuentran inamovibles en nuestras agendas.
El 11 de julio se realizó una importante jornada de lucha con la intención de exigir el cambio de curso de las políticas de gobierno. Alrededor de 50 000 personas se reunieron para hacer frente a un realidad que se polariza cada vez más y que necesita hombres y mujeres que alcen la voz. Entre las delegaciones que conformaban la masiva marcha se podía ver a la CGTP, Construcción Civil, el SUTEP, estudiantes universitarios, organizaciones de y movimientos sociales, así como diversas agrupaciones políticas. Pero aquel día marcado por la efervescente protesta popular, tuvo su revés con una noticia que circulaba entre las distintas delegaciones de la movilización: La extradición de Alberto Fujimori era rechazada por decisión del juez chileno Orlando Álvarez.
Esta noticia ratificaba, de forma vergonzosa, algo que se conocía desde un principio: que la extradición del prófugo no da tregua; que las recomendaciones favorables a la extradición dictadas por la fiscal Mónica Maldonado era solamente una etapa en este proceso. Las jornadas que nos exigen presencia y acción contra la impunidad se encuentran inamovibles en nuestras agendas.
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